Como ya comentara el Comité de Dirección de Transparencia Internacional España en NacionRed “la redacción final ha ido más allá de lo recomendable al considerar que no es información pública aquella que afecte a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios”. Que por decirlo claro, la opacidad característica que ya se ha denunciado previamente seguirá siendo la directriz principal en los ámbitos que competen principalmente al Ministerio de Interior.
En su momento se exigía la necesidad de una ley de acceso a la información pública por parte de los firmantes del manifiesto contra la opacidad en la exposición de cifras sobre criminalidad. Ahora que vemos que el anteproyecto no contempla ni mucho menos la necesidad de que el ámbito de la seguridad pública se rija en dicha normativa, es cuando toca hacer ruido de nuevo y reactivar algo que, si no hacemos ahora, tendrá consecuencias enormemente negativas para la figura del criminólogo:
1. Imposibilidad de demostrar nuestro valor para la sociedad, al no tener datos suficientes para la realización de investigaciones que puedan derivar en un impacto positivo real sobre la delincuencia en España.
2. Incapacidad crítica sobre las políticas criminales realizadas por el gobierno. Al omitirse la mayor parte de información relevante, la única actitud crítica que se permite adoptar está puramente destinada más la propia opacidad que al conocimiento real del funcionamiento de los organismos encargados de velar por nuestra seguridad. Perdemos (perder es un decir, ya que nunca se nos ha permitido dicho control) capacidad de control sobre las políticas criminales que se llevan a cabo.
3. Pobre investigación criminológica sobre España. Las cifras publicadas sobre criminalidad en España son tan escasas que tan solo permiten hacer un análisis superficial de las causas de la delincuencia, obligando a hacer encajes de bolillos hipotetizando y rellenando huecos con múltiples posibles sin que realmente podamos manejar conclusiones consistentes.
Por amor propio debemos mantener un discurso fuerte y activo entre el colectivo de criminólogos profesionales que reactive ese derecho a la información en materia de seguridad que tanta falta nos hace. Empezando por lo general, se debería exigir al gobierno la revisión del anteproyecto y la presentación de uno nuevo: a través de Avaaz podéis actuar de forma directa mediante la recogida de firmas, y que se acerca ya a las 90.000 peticiones. Desde el colectivo específico de criminólogos, no estaría de más realizar un nuevo manifiesto, con la vista puesta en la ley de transparencia, ya que lo que está en juego es la posibilidad de uso de la mejor herramienta para demostrar nuestra valía: los datos. Sin datos no hay análisis, sin análisis no hay soluciones que podamos aportar, sin soluciones que podamos aportar no somos nada para la sociedad. Sin esa presión del colectivo, lo único que nos quedará es continuar llorando las penas sobre nuestro ostracismo en las instituciones.
