El pasado 22 de septiembre el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los resultados provisionales de la estadística de menores con datos referidos a 2015.
Unos 1.735 españoles permanecen privados de libertad (según datos publicados por la Fundación +34 en su web: www.fundacionmas34.org) en otros países, lejos de sus familiares y amigos y con la sensación, a veces real, de estar abandonados por su país. Detrás de cada uno de ellos hay una historia diferente, pero en muchas de ellas una vida que se rompió en España, dejando como secuela una desesperación de la que intentaron escapar por un oscuro camino que les llevó directamente al infierno. También hay historias de engaños, de nefastas casualidades más propias de un telefilm americano que del mundo real, y tampoco nos engañemos, delincuentes de aquí que también lo fueron allá.
El pasado 26 de septiembre el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los resultados provisionales de la estadística de menores con datos referidos a 2013.
En ella analiza la información recogida en el registro de sentencias de responsabilidad penal de los menores, en el que se inscriben las sentencias firmes dictadas por los jueces de menores y que en la actualidad es la única fuente que permite un conocimiento global de la evolución de la delincuencia juvenil en España.
En los últimos cuatro años el número de privados de libertad en los centros penitenciarios españoles ha experimentado una importante disminución, rompiendo la línea ascendente que mantenía desde hacía más de diez años.
Los datos dicen que en los últimos cuatro años nuestra población penitenciaria ha disminuido un 12,24%, pasando de 76.079 internos a último día de 2009 a 66.765 en la misma fecha de 2013.
En los últimos días es noticia la ruptura de la disciplina de voto por parte de algunos diputados autonómicos del PSC, con ocasión de la moción soberanista (póngale el nombre eufemístico que deseen) planteada en el Parlamento de Cataluña.
La siempre cuestionada disciplina de voto que obliga (supongo que más moral que jurídicamente) a votar lo que la mayoría “establecida” del partido acuerda, no siempre es objeto de un debate de fondo y generalmente su ruptura se cierra en falso, con una reprimenda pública o, en el mejor de los casos, con una pequeña sanción, pero el tiempo pasa, todo se olvida y todo queda como estaba.
Leemos estos días en los medios de comunicación que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha acordado suspender la ejecución de la condena impuesta al exalcalde de Torrevieja, condenado a tres años de prisión por delitos de falsedad y prevaricación en la adjudicación de contratos, en tanto el Gobierno resuelva la petición de indulto formulada.
Hasta ahí todo normal, pues es habitual que cuando las condenas son inferiores a cinco años de prisión los tribunales accedan a su suspensión en tanto se sustancian las peticiones de indulto.
Recientemente, el Consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía de la Comunicad de Madrid, Salvador Victoria, ha manifestado la necesidad de que la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM), sea reformada a fin de que los antecedentes graves o muy graves cometidos por menores se tengan en cuenta para que los jueces puedan tomar medidas cautelares, como prisión provisional, si dichos jóvenes vuelven a delinquir.
Por Sentencia de 14 de mayo de 2013 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) ha declarado internacionalmente responsable a la República Argentina, entre otras cuestiones, por las violaciones de derechos humanos cometidas al haber impuesto penas de privación perpetua de libertad a cinco personas por delitos cometidos durante su infancia, además de porque los códigos procesales penales aplicados en los casos de estos menores no permitían una revisión amplia de sus juicios por un juez o tribunal superior.
En este artículo se hace una rápida exposición de algunos aspectos de la Sentencia, utilizando como guía el propio resumen publicado por la CIDH.
Las vacaciones son un periodo que permite coger distancia con el día a día y observar lo cotidiano sin la presión de las urgencias diarias.
Desde las playas de Vera uno puede ver, como en su momento hacía Zapatero I de España y último de Europa, lo que el país necesita, un cambio radical donde los actores actuales, que dicho sea de paso parecen gestionar con la patente de los responsables de la Sociedad General de Autores, dejen paso a nuevos protagonistas que no tengan nada que ocultar ni otra pretensión que pasar por la causa pública sin convertirla en asunto privado, ajeno a cualquier molesta intromisión incluida la del poder judicial, pues no en vano, como publica el día 10 el diario El Mundo ocupa el tercer lugar de las instituciones más corruptas de España, según el “prestigioso” Barómetro Global de Corrupción elaborado por Transparencia Internacional (disculpen mi ignorancia pero ni idea de quien es esta institución). Quién es éste (el poder judicial) para enjuiciar la labor de sus superiores (en lo que a corrupción se refiere) que según el citado Barómetro son los partidos políticos y el parlamento.
Uno de los principios más importantes del mundo del derecho es el principio de seguridad jurídica, que viene a traducirse en la certeza del derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, y representa la seguridad de que se conoce, o puede conocerse, lo previsto como prohibido, mandado y permitido por el poder público respecto de uno para con los demás y de los demás para con uno.
Derivan de este principio la irretroactividad de la ley, la tipificación legal de los delitos y las penas, las garantías constitucionales, la cosa juzgada, la caducidad de las acciones y la prescripción.
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