En los últimos días es noticia la ruptura de la disciplina de voto por parte de algunos diputados autonómicos del PSC, con ocasión de la moción soberanista  (póngale el nombre eufemístico que deseen) planteada en el Parlamento de Cataluña.

La siempre cuestionada disciplina de voto que obliga (supongo que más moral que jurídicamente) a votar lo que la mayoría “establecida” del partido acuerda, no siempre es objeto de un debate de fondo y generalmente su ruptura se cierra en falso, con una reprimenda pública o, en el mejor de los casos, con una pequeña sanción, pero el tiempo pasa, todo se olvida y todo queda como estaba.

Leemos estos días en los medios de comunicación que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha acordado suspender la ejecución de la condena impuesta  al exalcalde  de Torrevieja, condenado a tres años de prisión por delitos de falsedad y prevaricación en la adjudicación de contratos, en tanto el Gobierno resuelva la petición de indulto formulada.

Hasta ahí todo normal, pues es habitual que cuando las condenas son inferiores a cinco años de prisión los tribunales accedan a su suspensión en tanto se sustancian las peticiones de indulto.