A las profesoras Emilia Girón y Merecedes Soto

La clemencia es un acto discrecional del Ejecutivo que no atiende a razones científicas ni preventivas del delito. De las numerosas críticas que recibe hemos visto, por ejemplo, cómo en ocasiones es utilizada para despenalizar por la puerta de atrás a personalidades vinculadas con el Estado, por pertenecer o haber pertenecido a sus órganos o por tener relación cercana con los posicionados en el poder. Que el indulto nos sirva para llevar a la libertad a alguien que se la pueda merecer, en aras de apostar por su rehabilitación, no significa que solo podamos contar con esa fórmula discrecional. Es el sistema penitenciario, el que basándose en el estudio científico e individualizado que le hace al recluso, decide progresarle de grado e incluso llevarlo a la libertad condicional si procede. Para ello se debieran articular mecanismos para potenciar el paso a una excarcelación antes de lo previsto, si se dan las condiciones extraordinarias por las que se pudiera dar un indulto. No hay que olvidar que nuestro ordenamiento prevé que la Junta de Tratamiento, en determinadas circunstancias, pueda clasificar directamente al reo en tercer grado, con lo que se encontraría en semilibertad de manera muy rápida.

“En 2009 Segismundo Arribas, incapaz de controlar su drogodependencia sustrajo objetos de una obra por valor de 476 euros y fue acusado también de cometer un delito de resistencia a la autoridad y lesiones. Esto le puede llevar a la cárcel tres años”

Siempre se habla de la necesidad de que la Justicia sea ágil, para dar una mejor satisfacción al ciudadano que se ha visto afectado por el delito, sin embargo, creo que la Justicia, al menos la penal, lo que debería ser es más humana y adaptada a cada caso y sus circunstancias.

Leemos estos días en los medios de comunicación que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha acordado suspender la ejecución de la condena impuesta  al exalcalde  de Torrevieja, condenado a tres años de prisión por delitos de falsedad y prevaricación en la adjudicación de contratos, en tanto el Gobierno resuelva la petición de indulto formulada.

Hasta ahí todo normal, pues es habitual que cuando las condenas son inferiores a cinco años de prisión los tribunales accedan a su suspensión en tanto se sustancian las peticiones de indulto.

El indulto, también conocido como “derecho o medida de gracia” por los operadores del Derecho Penal, no es “una exención regía” surgida en la moderna aparición del Estado constitucional de Derecho durante el siglo XX, sino que su génesis se remonta al Absolutismo, época donde la forma de Estado predominante era conocida como Antiguo Régimen, cuyo máximo postulado descansa en el principio de concentración ilimitada de poder (único), haciendo del monarca gobernante, una figura no sujeta a responsabilidad legal ni a ningún control de órganos institucionales.

Uno de los principios más importantes del mundo del derecho es el principio de seguridad jurídica, que viene a traducirse en la certeza del derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, y representa la seguridad de que se conoce, o puede conocerse, lo previsto como prohibido, mandado y permitido por el poder público respecto de uno para con los demás y de los demás para con uno.

Derivan de este principio la irretroactividad de la ley, la tipificación legal de los delitos y las penas, las garantías constitucionales, la cosa juzgada, la caducidad de las acciones y la prescripción.

“El hombre que arrolló a una joven y huyó no irá a prisión al pactar con la fiscalía. El acuerdo al que llegó el pasado viernes su abogado con la fiscalía para eludir la vista oral, ha servido para reducir a menos de la mitad la pena que en principio había solicitado el Fiscal. Silvia, la víctima dijo estar muy decepcionada. En su opinión se hubiera hecho justicia con la celebración del juicio y con el culpable respondiendo a las preguntas del fiscal”.

“El gobierno ha indultado finalmente a la joven madre de Requena, que compró comida y pañales por valor de 193 euros. Se ha valorado que no tenía antecedentes penales, que los hechos son de escasa entidad y que la condenada es madre de tres hijos y está en una comprometida situación económica”

 La concesión de este indulto es ciertamente algo humano, aunque los que nos dedicamos a la Justicia Restaurativa, echamos en falta dos cosas realmente importantes:

Históricamente, tanto el indulto como la amnistía han sido dos medidas de gracia que se concedían discrecionalmente para que se pudiera extinguir una condena. En el primer caso, el indulto aún se regula en España por las reglas que estableció la Ley de 18 de junio de 1870 (parcialmente modificada por la Ley 1/1988, de 14 de enero). Su Art. 1 señala que los reos de toda clase de delitos podrán ser indultados, con arreglo a las disposiciones de esta Ley, de toda o parte de la pena en que por aquéllos hubiesen incurrido; aunque posteriormente exceptúa de esta gracia a los procesados criminalmente que aún no hubieran sido condenados por sentencia firme; los que no estuvieran a disposición del Tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena y los reincidentes en el mismo o en otro cualquiera delito por el que hubieran sido condenados por sentencia firme (curiosamente, la norma también prevé una exclusión a la excepción: salvo que a juicio del Tribunal sentenciador, hubiese razones suficientes de justicia, equidad o conveniencia pública para otorgarle la gracia).

Indulto sí, indulto no, y a ver quién da más.

Todos los Gobiernos, sean del color y tendencia que sean, conceden indultos, un proceso, donde la Sala, y con el visto bueno de la Fiscalía, da por aprobado el indulto a expensas de pasar el trámite protocolario del Consejo de Ministros, aunque en contadas ocasiones.

Pero como toda Ley contiene su...