I.- Líneas argumentales
El derecho a la educación es quizás el más importante de los derechos sociales y, sin duda, uno de los más importantes derechos de la niñez. Es a través de la educación como el ser humano adquiere las condiciones y capacidades necesarias para vivir en sociedad, siendo un factor del desarrollo y progreso de las propias Naciones y ello, porque la educación es una vía muy importante para hacer retroceder la pobreza en el mundo, evitar la exclusión y con ello la explotación de unas personas sobre otras.
“La ilegitimidad es algo de lo que tenemos que hablar en términos de no tenerla”. G. Bush.
He recordado antes el derecho de legítima defensa (individual y colectiva) que la Carta respeta. De nuevo con una interpretación forzada y desnaturalizadora de tan trascendental tratado internacional, se aduce la denominada guerra preventiva, acción preventiva o legítima defensa preventiva.
Cualquiera de estas formulaciones pone el acento en el ataque preventivo, el ataque previo; sus defensores afirman pues que -como se dice con demasiada frecuencia en sociedades tan competitivas como las actuales- "la mejor defensa es un buen ataque".
Requisitos y fines
I.- La justificación de la medida de prisión provisional
La prisión provisional constituye un elemento relevante como instrumento del Estado de derecho para dotarse de un conjunto de medidas que garanticen la seguridad ciudadana y la efectividad de la lucha contra la criminalidad. La sociedad democrática no puede consentir que la comisión reiterada de delitos, aunque no sean especialmente graves, genere un alto nivel de inseguridad ciudadana, por ello, cobra especial relevancia la actuación del sistema jurídico de un Estado de derecho, que puede corregir con especial firmeza esta situación mediante el instrumento de la prisión provisional. En este sentido cobra especial relevancia la figura de la prisión provisional en cuanto medida cautelar de carácter personal que se traduce en una privación del derecho a la libertad y que forma parte del deber estatal de perseguir eficazmente el delito y el de asegurar el ámbito de libertad del ciudadano. Como ya expresara la STC 41/82, de 2 de julio, y recuerda la Instrucción de la Fiscalía General del Estado nº 4/2005, sobre motivación por el Ministerio Fiscal de las peticiones solicitando la medida cautelar de prisión provisional o su modificación.
El 22 de julio de 2011 será una fecha que jamás se olvidará en los anales del crimen. Ese día, Anders Breivik, un joven de 32 años de edad y natural de Noruega, asesinó a 77 personas en dos actos y dos escenarios bien diferenciados. Ocho murieron en el centro de Oslo, víctimas de una bomba, los 69 restantes a tiros en la isla de Utoya.
Quién es realmente esta persona y por qué actuó a como lo hizo, se preguntan los miembros del juicio que se inició el pasado 16 de abril y que pretende esclarecer todas las circunstancias que rodean a la masacre. Hasta el momento la disquisición principal se ha centrado en intentar averiguar si el acusado está loco o no. El primer informe psiquiátrico aseguraba que Breivick no estaba en plena posesión de sus facultades mentales, mientras que el segundo informe afirmaba lo contrario.
"Sor María Gómez Valbuena, se ha negado a hablar ante el juez por su supuesta implicación en el caso de niños robados. Y por tanto permanecerá imputada por el delito de detención ilegal. Tras acogerse al derecho a no declarar, salió escoltada por varios policías. Decenas de madres que buscan a sus hijos tenían las esperanzas depositadas en que Sor María esta vez, contara al juez lo que hizo y lo que sabe. Si no lo paga aquí, lo pagará arriba, dijo una de las afectadas. Merece el mayor de los castigos…”
Una vez más nos encontramos con unas víctimas totalmente desamparadas y que llevan años con el estigma de serlo, mientras otras recién acaban de descubrir que fueron arrebatadas de sus familias. Todas ellas han sufrido serios daños y una compensación muy difícilmente puede mitigar las consecuencias de este delito, cuyos perjuicios se han continuado en el tiempo y sus efectos se dejaran notar en muchas de las personas afectadas de por vida.
Los duelos de canciones de los bosquimanos, el Fokonolona malgache, los Tribunales Gacaca ruandeses, la peregrinatio ex poenitentia a Santiago y algunas costumbres de los indígenas maoríes y de los indios norteamericanos son algunos de los métodos alternativos para resolver conflictos; todas estas propuestas, en muchos casos ancestrales, se han convertido en los antecedentes históricos de la justicia restaurativa: una opción alternativa a la vía judicial donde la víctima, su agresor y aquellas otras personas que se hayan visto afectadas por un conflicto se reúnen para enmendar el daño causado, de modo que el infractor asuma su responsabilidad, pida perdón y repare el perjuicio que ocasionó, aportando una solución más efectiva, rápida y sencilla que la justicia retributiva ordinaria gracias a que se favorece la participación de la sociedad en lugar del poder judicial; lo que, a su vez, facilita la reinserción del delincuente en la comunidad. Otro de estos métodos es el denominado Zwelethemba sudafricano; palabra que significa lugar de la esperanza en el idioma xhosa que se habla en la región de Ciudad del Cabo.
Aprovechando la exposición presentada por Francisco Javier Nistal al respecto de la cadena perpetua prisión permanente revisable no puedo más que mostrar algunas dudas sobre su futura aplicación.
1. El pronóstico de reinserción de terroristas es, si nos remitimos exclusivamente a la reincidencia, muy alto. De hecho, probablemente podamos hablar de las tasas más bajas de reincidencia en los delitos de terrorismo, aunque, lástima, no tengamos cifras sobre miembros de ETA que vuelven a reincidir. Los casos en que se produce una situación así son contados y sonados: el de Iñaki Bilbao, extraditado en el año 2000 y que volvió a atentar contra un concejal socialista en 2002, cuya aplicación sería evidente; y el de Juan Carlos Iriarte, pero dado que se trata de delitos menores (no hay ningún delito de sangre) difícilmente se le aplicaría dicha norma (dependerá de ese mínimo de condena que se estipule, tal y como comenta Javier).
I.- Planteamiento general
El ministro de Justicia ha anunciado, recientemente, que la “prisión permanente revisable”, que se incluirá en una próxima reforma del Código Penal, sólo se aplicará como “mecanismo excepcional” para delitos de terrorismo, pero no para los agresores sexuales de menores ni a otro tipo delitos de especial gravedad que causan el rechazo de la sociedad, como inicialmente estaba previsto en el Programa del Partido Popular.
Según la Carta, los miembros de las NNUU convienen en aceptar y cumplir las decisiones del CS de acuerdo con esta Carta. Por tanto, las resoluciones del CS son obligatorias. Además -como he subrayado antes- nos encontramos ante el único órgano que puede decidir legítimamente el uso de la fuerza armada.
El 8 de Noviembre de 2002 el CS adoptaba su Resolución 1441. La causa última de la Resolución se halla en la ya mencionada invasión de Kuwait por parte de Irak en 1990, que constituyó una agresión. La Resolución 1441 señala que Irak no ha respetado Resoluciones anteriores del mismo CS, sobre todo en cuanto afectaban a sus programas de armas de destrucción masiva; en concreto ese Estado había dificultado la labor de la Comisión Especial de las Naciones Unidas, encargada de inspeccionar tales aspectos. ¿Qué decide en concreto el CS en la Resolución 1441? Las decisiones más importantes son las siguientes:
Está más que comprobada la existencia de grupos profesionales con un riesgo de suicidio significativamente más alto que el de la media global. Y aquellas profesiones relacionadas con el ámbito de la seguridad pública se encuentran entre ellas. Para mostrar la magnitud del problema del suicidio os presento en primer lugar algunos datos tomados de Estados Unidos que reflejan que nos encontramos ante una cuestión que merece ser abordada con urgencia
