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"En materia de defensa se dice que veinte tácticas no hacen una estrategia"

Tomás Montero entrevista a Jorge Jouroff 

Jorge Jouroff fue Gerente General del Sistema de Medidas para Jóvenes en Infracción de Uruguay (SEMEJI) desde octubre de 2009 a abril de 2011. Persona pausada, reflexiva, amante de la eficacia y de las decisiones guiadas por el análisis, es un excelente gestor y un experto en temas de seguridad. Ha accedido amablemente a concedernos una entrevista para hablar de la delincuencia juvenil en su país, en unos momentos en que están abiertos algunos debates y donde desde algunas instancias se demandan algunos cambios.

 

 

Pregunta. La delincuencia juvenil es uno de los problemas que mayor preocupa a los ciudadanos de los países latinoamericanos y que ocupa espacios importantes en los medios de comunicación. ¿En el caso de Uruguay es un problema real o se está trasladando a la sociedad una visión distorsionada?


Es un problema real, con tasas similares al resto de los países del Cono Sur de América Latina. Tiene sus raíces en las políticas aplicadas a nivel macroeconómico en el continente, durante las décadas anteriores, que fueron creando bolsones de marginación. Por otro lado, también es cierto que los nuevos fenómenos en el mundo delictivo, en particular la pasta base y la imbricación, en algunos casos, de menores con mayores, han contribuido a agravar la situación.


P. A los adultos se nos llena la boca cuando hablamos de nuestros menores, especialmente desde la Convención de Naciones Unidas de 1989 sobre los derechos del niño. ¿Cree que ese discurso se está traduciendo en cambios institucionales o al maltrato económico y social que algunos menores sufren se le suma un maltrato institucional?


Creo que más que las declaraciones  es la propia situación social la que obliga a los cambios. Por un lado tenemos los avances en los derechos del niño, y por otra un aumento de la situación delictiva que lleva a mayores reclamos de seguridad por parte de la población, también –y a veces especialmente- en las situaciones que involucran a menores. En nuestro país –pero creo que también en el resto de América Latina- el desafío es mantener niveles de seguridad aceptables con programas de rehabilitación. En general le diría que hay que comprender que la situación cambió, y que por  tanto debemos rediseñar nuestros sistemas teniendo en cuenta los derechos de los jóvenes, pero también –y primordialmente-  los del resto de la sociedad de la cual estos mismos menores forman parte.


P. Usted ha sido Gerente General del Sistema de Medidas para Jóvenes en Infracción de Uruguay (SEMEJI) durante casi dos años, lo que le ha permitido conocer de primera mano la delincuencia juvenil en su país. ¿Qué perfil y que problemáticas más reseñables presentan los menores infractores?


Las estadísticas dicen que el mayor delito, por lejos, es la rapiña y el hurto. El homicidio es bastante menor, aunque crece. Sin embargo, respondiendo en un nivel más general, creo que la raíz del problema está en su falta de perspectiva de vida integrados en la sociedad. Es un problema que le debemos a la marginación, en parte, y a un problema cultural, más profundo. La infracción a la ley no es relevante para ellos, y eso es sólo un síntoma de lo anterior. Por ello es tan difícil de resolver, se necesita visión a largo plazo, capacidad de planificación, recursos, y también  paciencia.  No debemos caer en la tentación de pensar solamente en medidas represivas, sino también en “el después”, en como integrar a esos jóvenes una vez que egresen.


P. La atención a los menores en Uruguay corresponde al INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay), tanto a menores infractores como a menores en situación de desprotección, algo que es común en una gran parte de países de su entorno. Actualmente se está debatiendo la separación institucional de estos dos mundos que presentan problemas y requieren de soluciones muy diferentes. ¿Usted es partidario de esta separación o piensa que una atención integral a la infancia exige un único órgano gestor?


La forma de plantear los problemas entraña la propia respuesta.  Considero que, en estos momentos, esa pregunta concreta no es relevante, pues no existen las condiciones para la separación total del SEMEJI del INAU. Por separación total entendemos un organismo descentralizado u alguna otra forma, pero con capacidad para gestionar, y eso implica no sólo presupuesto propio, sino también capacidad desde el punto de vista de los recursos humanos y materiales para hacerlo. Creo que en esta etapa el foco debería estar en ese problema, definiendo además plazos concretos, y dejar para una posterior si integra o no el INAU. Partiendo de la base de la continuidad de las políticas, habrá que evaluar esta experiencia, y sobre todo, escuchar mucho, antes de optar. Como ve, es una posición pragmática.


P. ¿En qué estado se encuentra la creación del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente (IPRA)?


Actualmente el proyecto tiene media sanción legislativa, en diputados, pero existe el consenso político necesario para su aprobación. Luego restará, obviamente, su implementación.


P. Con independencia de su creación o no, y desde su punto de vista, ¿hacia donde debería evolucionar la justicia juvenil en su país? ¿Cuáles son los cambios más urgentes que deben abordarse?


Antes que nada, permítaseme una consideración general. En materia de defensa, se dice que veinte tácticas no hacen una estrategia. Aquí es lo mismo. Las medidas aisladas, por mas que sean buenas, no forman de por sí un sistema. Es necesario remarcar que necesitamos un sistema, es decir, un conjunto de políticas –y organismos que las ejecuten- que actúen coordinadamente, acorde al fin perseguido. Es por ello que se discuten cambios en la legislación y también en los ejecutores del sistema, que deben ir en el mismo sentido. En lo que respecta a SEMEJI, es un sistema en sí mismo, pero a la vez subsistema, si hablamos de justicia penal juvenil.


Como sistema, tal como figura en el proyecto, contará con cinco divisiones o áreas, que son:

  1. Ingreso, Diagnostico y Derivación (Recordar que esto incluye Hogares Transitorios en los 19 Departamentos del País).

  2. De ejecución de Medidas Socio-Educativas Privativas de Libertad (cautelares y con sentencia ejecutoriada debiendo asegurarse la separación de unos/as y otros/as).

  3. De Medidas Curativas (ASSE).

  4. De Inserción Social y Comunitaria (egreso) y Semilibertad.

  5. De Medidas Alternativas a la Privación de Libertad y Mediación.

Esto en cuanto al proyecto y los programas. Ahora bien, en el mismo sentido que la respuesta anterior, una vez concluida la etapa legislativa debe continuar la gestión que posibilite dicho sistema. Esto es lo que llamamos “proceso de autonomización”. A grandes rasgos, pienso en tres aspectos claves.


En primer lugar, la definición del presupuesto. A mi me gusta mucho la definición de que el presupuesto es la expresión numérica de una política. Habida cuenta de hoy se depende del INAU, se deben cubrir los mínimos requeridos para su correcto funcionamiento.


Segundo, los recursos humanos y materiales para tal fin. En lo anterior se contemplarán muchos recursos materiales, pero además está el personal requerido, en dos aspectos: a) el personal destinado directamente a los centros, que deberá ser entrenado para la tarea, siguiendo en la línea que comenzáramos de trabajo conjunto con las autoridades de la Escuela Nacional de Penitenciaría, por un lado, además del personal técnico necesario; b) la creación de todo el andamiaje administrativo, del cual hoy el SEMEJI prácticamente carece, y sin el cual no se puede hablar de autonomía. SEMEJI depende del INAU no sólo en el presupuesto, sino también en la gestión administrativa. Dicho de una forma más sencilla, para poder gestionar los fondos que se otorguen es necesario rediseñar  el aparato administrativo actual.


En tercer lugar, es imperioso resolver el problema locativo, es decir, la creación de nuevos centros o uno, dividido en módulos, que nos permita resolver de una buena vez el tema de la sobrepoblación a la vez que dar seguridad y garantías en cuanto al tema de las fugas.


P. Las noticias sobre menores infractores son una constante en los medios de comunicación de Uruguay, no solo por los hechos que cometen, sino también por la sensación de un permanente debate político y social de cuál debe ser el tratamiento legal que se dispense a estas conductas. ¿Mayor severidad contribuiría a resolver este debate o es simplemente una cortina de humo con el que se pretenden tapar posibles deficiencias del sistema?


El problema no es mayor o menor severidad, sino poder construir un sistema que permita la rehabilitación con niveles aceptables de seguridad, y ése es el horizonte estratégico. Hasta que eso no se logre, los problemas van a subsistir. Las medidas deben visualizarse en ese contexto. Sinceramente, creo que no es solución la baja en la edad de imputabilidad, que una de las medidas propuestas. Internar a los chicos en cárceles de adultos no resolvería el problema, al contrario, lo agravaría en el corto y mediano plazo.  Y si la medida está pensada para dar mas condiciones de seguridad, pero no en cáceles de adultos, estamos en lo mismo, pues el tema  es construir centros de seguridad. No es algo que se solucione con palabras, se necesita presupuesto y gestión.


Por otro lado, si lo que se propone es aumentar las penas, tampoco parece solución.


Creo que ambas propuestas evidencian la falta de un plan estratégico sobre que hacer con la minoridad infractora, pues proponen medidas aisladas que no solucionan el fondo de la cuestión.


P. ¿Tras su paso por el SEMEJI hacia donde le gustaría encauzar su trayectoria profesional en los próximos años?


Estaremos allí donde se considere necesario, lo importante es sentirse útil en función de los intereses de nuestro pueblo y nuestra fuerza política, el Frente Amplio.


    Muchas gracias por su tiempo.

Modificado por última vez en Lunes, 17 Septiembre 2012 08:58
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